Investigadores del Instituto Gino Germani de la UBA advierten sobre la importancia de crear espacios que permitan expresar y hacer valer las demandas insatisfechas de los usuarios. Señalan las similitudes de los episodios ocurridos hoy 4 de septiembre en las estaciones de trenes de Castelar y Merlo, en la provincia de Buenos Aires, con otros casos similares que desencadenaron la reacción espontánea de la gente.

(04-09-08- Agencia CyTA-Instituto Leloir) – En la mañana del jueves 4 de septiembre en Buenos Aires, por demoras en un servicio de trenes por fallas técnicas, un gran número de pasajeros de todas las edades expresaron su malestar cortando las vías de la ex línea Sarmiento (que transporta 600 mil personas por día), en la estación bonaerense de Castelar, y quemando vagones, en la estación de Merlo.

Sociólogos del Programa para el Cambio Social (P.I.Ca.So.) dirigido por el profesor e investigador Juan Carlos Marín, en el Instituto Gino Germani de la UBA, señalan que al igual que en episodios anteriores se trata de una reacción espontánea de la gente, que tiene sus raíces en la mala prestación del servicio y que se agrava frente a la ausencia de espacios en donde los reclamos puedan ser debidamente canalizados. “Ante una situación inhumana, se desencadena una reacción humana”, afirma el profesor Marín.

Ese grupo de estudio investigó en 2007 las graves protestas registradas el 15 de mayo de ese año en la estación ferroviaria de Constitución. En esa ocasión, tras la suspensión de tres servicios de trenes, una gran cantidad de usuarios incendiaron las boleterías y la oficina de informes y se enfrentaron durante dos horas con la policía. Como resultado de ello 21 personas fueron heridas (9 usuarios y 12 policías) y se contabilizaron 16 detenciones. El trabajo fue liderado por el doctor Julián Rebón y el licenciado Gustavo Quintana, del P.I.Ca.So., y se basó en el análisis de entrevistas efectuadas a 460 pasajeros, de las ex líneas Roca y Sarmiento, que utilizaban las cabeceras terminales de dichas líneas en horas de alto flujo de pasajeros. Esas líneas fueron seleccionadas por su relevancia en el flujo de pasajeros y por los problemas que presentaban sus servicios.

Para Rebón y Quintana, “los hechos de Constitución, en el 2007, y de Haedo, en el 2005, no forman parte del pasado: integran parte de la caja de herramientas que emplean los usuarios para expresar su indignación frente a las condiciones de prestación del servicio cuando éste se interrumpe”.

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, los hechos de protesta sucedidos en la estación Castelar y en la estación de Merlo, “no se reducen a una estación, sino que se expanden a través del efecto de imitación a otras localizaciones de la línea”, dice el licenciado Quintana.

Con relación a las explicaciones oficiales sobre el inicio del suceso, Rebón y Quintana destacan que “el atribuir a los activistas la responsabilidad de los hechos es un modo fácil de evitar la responsabilidad que le cabe a la empresa y al Estado por la deficiente prestación del servicio. La recurrente mala prestación del servicio produce un malestar latente, que ante situaciones de interrupción se amplifica dando a expresiones abiertas de disconformidad social. La bronca hace que pasajeros, sin vínculos en común más que el compartir el vagón, se articulen frente a los objetos que personifican a la empresa –la fuente percibida del malestar-: bienes y empleados de la misma”.

Según ellos, más allá de “que esas acciones tengan una forma violenta, no deseables humanamente para quienes las desarrollan, o que tengan efectos aparentemente contraproducentes en el corto plazo al dañar vagones y mobiliario que usan a diario, tienen una lógica desde la perspectiva de los intereses de los usuarios”.

Los investigadores recuerdan cómo hechos, como los ya mencionados en Haedo, y en mayor medida de Constitución, han logrado en el pasado instalar en la agenda pública las lamentables condiciones en las cuales se viaja y a legitimar institucionalmente la necesidad de realizar mejoras. “El cambio de la concesión a la empresa prestataria del ramal ex Roca o el anuncio de su electrificación o de otras mejoras en la red –algunas en proceso de realización- difícilmente hubiera existido sin hechos como los mencionados”, aseguran.

Rebón y Quintana coinciden en que la ausencia de mecanismos institucionales para expresar y satisfacer las demandas de los usuarios, hace que la única forma de protesta efectiva sea probablemente la menos deseada por los usuarios. “Queda en el gobierno la capacidad de construir formas institucionales para que los pasajeros puedan hacer valer sus derechos. Hasta tanto esto no ocurra difícilmente estos hechos dejen de ocurrir”. Y agregan: “Anuncios como el del proyectado ‘tren bala’ no hace más que acentuar y potenciar la bronca de los pasajeros que padecen las lamentables condiciones de prestación del servicio metropolitano de transporte”.

Crónica anunciada se repite

Cuando sucedieron las protestas en la estación de Constitución el 15 de mayo de 2007, el entonces vocero de la empresa ferroviaria Metropolitano, Fernando Jantus, argumentó que los disturbios habían sido planificados.

Los resultados de la investigación de P.I.Ca.So –basadas en las entrevistas efectuadas a 460 pasajeros- revelaron que casi el 80 por ciento de los entrevistados compartía el motivo por el cual se iniciaron las protestas en la ex línea Roca en mayo de 2007: “El mal servicio que suministraba esa línea de tren. Sin embargo, el 68 por ciento no consideró legítima la forma de expresión del malestar frente a los problemas del servicio”, indican Rebón y Quintana.

A pesar de que no existía consenso con las formas de protesta empleadas, el 47 por ciento de los entrevistados entendió que las mismas tenían cierta “efectividad” para resolver los problemas que afectan al servicio.

Con relación al origen de los incidentes, y en oposición a la versión brindada por la empresa, casi un 60 por ciento señaló que fueron “fruto de la bronca de los usuarios”. Solamente un 24 por ciento compartió la opinión de la empresa, que sostenía que los hechos habían sido previamente planificados.

“La gran mayoría de los pasajeros utilizan el tren como medio para trasladarse a sus trabajos, el pésimo servicio les ocasiona grandes complicaciones a su vida laboral. Otros se dirigen a hospitales donde tienen turno. Existe un hartazgo con la situación que conduce a que, por más que no se comparta la metodología, se identifiquen con quienes protagonizaron los incidentes a partir del malestar que comparten” señala el doctor Rebón. Y agrega: “El estudio arrojó que el 65 por ciento de los pasajeros consideraba que la principal responsable de los problemas del servicio era la empresa concesionaria. Sólo un 28 por ciento le asignó la responsabilidad al gobierno Nacional”.