De acuerdo con la Administración Nacional de Patentes, entre 2007 y 2013 el número de solicitudes y concesiones de patentes vinculadas a desarrollos del CONICET aumentó entre tres y siete veces respecto al período 2000-2006. Pero, para los especialistas, todavía es necesario promover un cambio cultural en las empresas y en el sistema científico.
(27/08/2014 – Agencia CyTA-Instituto Leloir. Por Bruno Geller)-. El mercado global de los anticuerpos monoclonales, desarrollados por el Nobel argentino César Milstein en 1976, mueve hoy una cifra que ronda los 50.000 millones de dólares anuales, y sólo teniendo en cuenta sus aplicaciones terapéuticas. El método, sin embargo, nunca fue patentado, en parte porque Milstein (y sus empleadores de entonces) pensaron más en el aporte de ese conocimiento a la ciencia que en sus derivaciones comerciales.
El caso simboliza una situación que, desde la perspectiva de muchos gestores de la ciencia, no debería ocurrir más. Y lo cierto es que ya se están dando indicios de cambio.
De acuerdo con la Administración Nacional de Patentes, entre los años 2000 y 2006 se presentaron 87 solicitudes de patentes vinculadas con desarrollos del CONICET y se concedieron 12. Entre 2007 y 2013, hubo 234 solicitudes presentadas y se concedieron 80. Esto es, las cifras – comparando ambos períodos – crecieron entre tres y siete veces. No obstante, los especialistas consultados coinciden en que queda mucho por hacer.
Hace sólo dos años, el informe “Estado de la Ciencia en el Mundo”, publicado por la revista especializada Scientific American, situaba a la Argentina en el puesto 31 entre los 40 mejores países del mundo por su desarrollo científico. “El talento y el conocimiento generados en nuestro país es enorme. Sin embargo, en materia de propiedad industrial e intelectual, el progreso es incipiente”, señala el físico Darío Codner, secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
En Europa y en Estados Unidos, el sistema de propiedad industrial e intelectual está muy avanzado. Sobre todo en este último país, que en 1982 promulgó la Ley Bayh-Dole otorgando a las universidades y centros de investigación la posibilidad de registrar y disponer de los derechos de propiedad intelectual surgidos por trabajos financiados con fondos públicos.
En la actualidad, varios actores sociales están promoviendo en la Argentina una cultura de propiedad industrial e intelectual: El Ministerio de Ciencia de la Nación, el CONICET, unidades de innovación y transferencia tecnológica de universidades e institutos científicos, y grupos de propiedad industrial e intelectual. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), dependiente del Ministerio de Industria, y a nivel mundial la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) son los entes que generan los lineamientos generales para la propiedad intelectual.
En Argentina aún no hay plena conciencia del valor de lo intangible, es decir, de las riquezas que el conocimiento puede generar en la economía, subraya Santiago Villa, director de Vinculación Tecnológica y Social del CONICET. “Precisamente nuestro trabajo, y el de colegas nuestros de la cartera de ciencia apunta, entre otras cosas, a sensibilizar a los investigadores y a los empresarios para fortalecer acuerdos de cooperación. En definitiva, para que tomen conciencia sobre todas las cosas que podrían hacer si articulasen sus capacidades”, afirma.
El equipo que lidera está integrado por más de sesenta personas, algunas de las cuales se abocan al estudio de patentabilidad de los avances realizados por los científicos, señala Villa. Y agrega que en la última década la producción científica y tecnológica en el país ha aumentado en términos de cantidad y de calidad, sobre todo a partir de la creación del Ministerio de Ciencia en 2007. Esta cartera, en particular, emplea diferentes instrumentos del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) destinado a financiar los costos de preparación y presentación de solicitudes de patentes de invención para beneficiarios específicos: empresas PyMES y/o instituciones públicas y/o privadas sin fines de lucro, cuyo objeto principal sea la investigación en ciencia y tecnología.
Para Fabián Biali, licenciado en ciencias químicas y agente de la propiedad industrial de Biali & Asociados, sería razonable que tanto la industria como las instituciones académicas tengan entre sus objetivos la innovación y el desarrollo. “En los casos en los que esta innovación pudiera tener un valor comercial, resultaría beneficioso tener en cuenta los instrumentos existentes para la protección de la propiedad intelectual”, subraya el también docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Biali y su equipo se especializan en patentes relacionadas con el área farmacéutica, química y biotecnológica. Su estudio ha redactado patentes que ya se encuentran concedidas en Estados Unidos, entre ellas una relacionada a nuevos compuestos para tratar enfermedades oculares, tales como la conjuntivitis, y otra relacionada con el tratamiento de heridas, ambas solicitadas por el CONICET.
La tasa de la regalía o el monto a percibir por el CONICET varía de caso en caso y se acuerda con la empresa. “Tenemos acuerdos con empresas locales y multinacionales en proyectos vinculados con salud, producción agropecuaria y otras áreas”, explica Ramiro Picasso, coordinador de Propiedad Intelectual de la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET.
Protección vs apropiación
Hoy los resultados científicos tienen más valor que antes, puesto que el acceso a la información es prácticamente gratuito por el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Esto hace que quien tenga un problema tecnológico y capacidad para traducir el conocimiento disponible en una solución puede apropiarse de estos resultados para sí mismo, explica Codner. “En este sentido, la propiedad intelectual genera mejores chances de apropiación local, tanto de los esfuerzos de investigación científica como de los esfuerzos innovativos de las empresas locales.”
En 2012, una investigación conducida por Codner, publicada en “The Journal of Technology Management & Innovation”, presentó resultados de una investigación que buscaba comprender si los trabajos científicos (papers) de investigadores en biotecnología de la UNQ tenían un valor tecnológico que la propia institución no había podido evaluar. La hipótesis es que, si tenían valor, estarían presentes en patentes de terceros. “Efectivamente, comprobamos que varios resultados de investigación fueron utilizados por empresas extranjeras para desarrollar tecnologías propias”, afirma Codner. “A este fenómeno lo llamamos transferencia tecnológica ciega”.
Afortunadamente, dice Codner, “tomamos cartas en el asunto y al día de hoy en la UNQ tenemos 15 invenciones y medio centenar de patentes en el mundo. Algunos desarrollos se emplean para tratar enfermedades humadas y del ganado.”
Frente al argumento de que una política de open access (acceso libre) también puede beneficiar a la Argentina en sentido inverso, Codner responde que esto es prácticamente imposible por las condiciones desiguales en cuanto a capacidades productivas del mundo desarrollado y el de un país en vías de desarrollo para convertir esos resultados en productos transferibles al mercado. “En este sentido, me parece que es importante proteger tempranamente los resultados de la inversión pública en ciencia y tecnología”, dice.
Para concretar proyectos de innovación científica y tecnológica, la Fundación Instituto Leloir celebró en 2006 un convenio de representación exclusiva con Inis Biotech, que actúa como unidad de vinculación tecnológica, e impulsa la creación de empresas, el licenciamiento de patentes y el desarrollo biotecnológico a partir de los avances logrados en los laboratorios del Instituto.
Su gerente general, el doctor Santiago Sanguineti, señala que cuentan con ocho patentes licenciadas. “Concientizar a los investigadores y a las empresas sobre las oportunidades que genera la unión del conocimiento y la industria es un trabajo de todos los días”, afirma. “En nuestro país, el capital de riesgo destinado a proyectos de innovación suele estar en su mayoría a cargo del Estado, mientras que en Estados Unidos y varios países de Europa, el componente privado es mucho mayor: las empresas saben que si no innovan, no sobreviven.”
De acuerdo a Sanguineti, es muy positivo y alentador que el CONICET haya decidido evaluar a los investigadores no sólo por sus trabajos publicados, y otros criterios, “sino también por su participación en proyectos de transferencia tecnológica”.
Algunos investigadores se han entusiasmado tanto que han creado sus propias empresas de base tecnológica. “Este es un modo de asegurar y facilitar la transferencia tecnológica”, subraya Codner.
La experiencia demuestra que aquellas empresas que innovan de la mano del trabajo de científicos y que han patentado proyectos exitosos le toman sabor a esta experiencia y “reinciden”. “Es como un virus que contagia entusiasmo”, destaca Villa. “Pero para que eso suceda, hay que conocerlo”.
Junto a otros científicos, los investigadores del CONICET, la doctora Flavia Michelini (izq.), el doctor Javier Ramírez y la doctora Laura Edith Alché, del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, desarrollaron un compuesto para el tratamiento de la conjuntivitis herpética. La patente de este avance ya fue aprobada en Estados Unidos y ahora están esperando su aprobación en Europa.
Créditos: Gentileza del Dr. Javier Ramírez
