“Si la humanidad no toma conciencia de la inadecuada gestión actual del agua, la situación continuará empeorando en forma irreversible”, destaca José Esteban Castro, catedrático argentino en Sociología de la Universidad de Newcastle, Inglaterra. Ante la desigual distribución de ese recurso vital para la vida, el experto en ecología política del agua sostiene que es necesario instalar una ética universal del agua fundada en los principios de la solidaridad y la justicia social y ambiental.

(22-05-08 – Agencia CyTA-Instituto Leloir. Por Bruno Geller) – En la actualidad, 1100 millones de seres humanos, es decir, el 17 por ciento de la población mundial no tiene acceso a volúmenes de agua de una calidad mínima para usos humanos esenciales como beber, cocinar e higienizarse. Por otra parte, 2400 millones de personas no tienen servicios de recolección y tratamiento de excretas adecuado. Esa injusticia socia los priva del derecho a una vida digna, provoca diversas enfermedades y hasta la muerte.

“La humanidad, como tendencia general, no está administrando el agua con sabiduría”, afirma el doctor José Esteban Castro, catedrático en Sociología de la Universidad de Newcastle, Inglaterra, especialista en sociología ambiental, con énfasis en la ecología política del agua.

En una serie de trabajos académicos y otros de difusión para el público, como un artículo publicado en marzo de 2008 en la revista británica “Food Ethics” (www.foodethicscouncil.org), Castro señala que el manejo inadecuado del agua en muchas regiones del mundo causa estragos con frecuencia irreversibles en el medio ambiente, agudiza conflictos sociales existentes y genera nuevas formas de injusticia y desigualdad en relación con la distribución de bienes y males ambientales.

Agua como mercancía

“Para que logremos garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento es necesaria una ética universal del agua fundada en los principios de la solidaridad y la justicia social y ambiental”, afirma el especialista. Y agrega que el problema de los servicios de agua y saneamiento es un caso ejemplar que ilustra la enorme laguna que nos separa de la utopía de una sociedad fundada en los derechos de todos.

Aunque nuestra sociedad global ha desarrollado sofisticadas tecnologías para el control de la naturaleza en sus distintas escalas, incluyendo el agua, todavía a comienzos del siglo XXI, para muchos contar con un litro de agua limpia per cápita por día para beber es algo inalcanzable.

“Una gran parte de esa población vive en condiciones de pobreza e indigencia. Se ubica en las zonas más pauperizadas del planeta, incluyendo algunas regiones de América Latina. Este es un problema irresoluble a menos que se logre avanzar en la construcción de una ética universalista que priorice la satisfacción de las necesidades esenciales de los seres humanos”, opina el sociólogo.

Para Castro, la ética individualista, que se ha instalado como modelo predominante, es una ética fundada en el principio de exclusión, una ética “que subordina las necesidades del conjunto de los seres humanos, incluyendo las ambientales, a los requisitos de la acumulación capitalista cuyos frutos son monopolizados por una relativamente pequeña fracción social”.

En relación con el agua, a partir de esa ética prevaleciente se promueve la profundización del proceso de mercantilización del agua y sus servicios, asegura el investigador. “Por ejemplo: a través de la expansión de la industria del agua embotellada, de la privatización de empresas de agua y saneamiento, o de la reforma de las empresas públicas de agua y saneamiento para que funcionen como empresas privadas que venden una mercancía en vez de prestar un servicio público esencial a un costo que sea accesible para los usuarios, especialmente los de menores recursos”.

Desobediencia civil

“Durante la década de 1990, América Latina se convirtió en un campo experimental de políticas del agua inspiradas en dicha ética individualista. Por ejemplo: las fracasadas políticas de privatización de los servicios esenciales de agua y saneamiento, que han provocado una cadena de revueltas y estallidos sociales en todo el continente, incluyendo Argentina”, afirma Castro.

Tras la privatización de los servicios de agua en Tucumán en 1995, que entre otros impactos sobre los usuarios causó un aumento inmediato del 105 por ciento en las tarifas, se produjo un movimiento de desobediencia civil que utilizó tácticas como el no pago de la factura, una medida adoptada por el 86 por ciento de los usuarios. La concesión se canceló en 1997, pero el caso fue objeto de una larga lucha legal entre la empresa privada y el estado nacional. “Desafortunadamente, el país perdió el juicio recientemente en un tribunal internacional”, señala el investigador.

Otros casos de conflicto social, causados por el impacto de la privatización de esos servicios básicos, se han dado en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Salta. “Por supuesto, las revueltas más conocidas en América Latina han sido las de las ciudades de Cochabamba y La Paz El-Alto en Bolivia en 2000 y 2006, respectivamente. En el primer caso, la movilización popular contra la privatización, también conocida como la Guerra del Agua, condujo no sólo a la cancelación del contrato de concesión con la empresa privada, sino también, a la renuncia de todo el gabinete nacional, con la única excepción del presidente de la República”, recordó Castro.

Agua para todos

Hay realidades que reflejan un camino alternativo. “Los elementos embrionarios de una ética universalista y solidaria que nos permitan desarrollar formas sociales más avanzadas e inclusivas tienen una larga existencia y han dado lugar a distintos procesos sociales contemporáneos, como lo ilustran las políticas de Brasil y Venezuela, y las que se han aplicado en algunas ciudades como Rosario, en Argentina”, afirma Castro.

En Santa Fe, se canceló la concesión privada del servicio de agua y saneamiento en 2006, casi simultáneamente con la cancelación de la concesión de Aguas Argentinas en Buenos Aires el mismo año. “El caso de Rosario se inserta dentro de ese proceso provincial, pero

tiene la particularidad de que el gobierno municipal ha venido implementando políticas

basadas en formas de democracia directa, como el presupuesto participativo originalmente desarrollado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil”.

El presupuesto participativo implica la consulta a la gente de los barrios y otras unidades poblacionales. En muchas zonas urbanas del Brasil, dividen la ciudad en secciones, y hacen asambleas en cada sección, donde la gente discute las necesidades de inversión en agua y saneamiento, entre otros temas. La comunidad tiene la posibilidad de incidir en las decisiones, y puede también participar en la verificación de que las obras se hagan a tiempo, con la calidad adecuada.

“No se trata solamente de reestatizar las empresas privatizadas, sino de desarrollar formas de gestión de los servicios esenciales que permitan una mayor participación de los usuarios en la toma de decisiones y particularmente, en el control democrático de la gestión de las empresas”, opina Castro.

Esa ética universalista y solidaria “continúa siendo relativamente marginal a escala global, y su expansión y consolidación constituye un desafío fundamental, por supuesto no solamente en relación al agua”, concluye el experto.

EL RÍO DE LA PLATA NO ES UNA FUENTE INAGOTABLE

Muchos de los problemas existentes en relación con la gestión del agua siguen siendo inadvertidos e incluso ignorados. “Por ejemplo, en muchas ciudades se da por sentado el acceso ininterrumpido a cantidades ilimitadas de agua a través de las redes de suministro doméstico. En términos generales, los usuarios urbanos no tienen conocimiento de los procesos involucrados en la provisión de dichos servicios, de su costo y de su impacto ambiental”, destaca Castro.

De acuerdo con el investigador, en ciudades como Buenos Aires, la existencia de fuentes de agua aparentemente inagotables como el Río de la Plata posiblemente contribuyen a reforzar esa situación de desinformación y desconocimiento, que impiden el desarrollo de una toma de conciencia sobre la necesidad de cuidar el agua.

Para Castro lo más grave es que dicha falta de toma de conciencia sobre los impactos potencialmente irreversibles de la gestión inadecuada del agua afecta tanto a los ciudadanos comunes como a una gran parte de la clase política y dirigente y de los intelectuales. “Es un problema muy grave”, afirma.

GESTIÓN IRRACIONAL DEL AGUA

En muchos países, la extracción incontrolada de agua para riego o abastecimiento de agua a poblaciones urbanas ha causado la desaparición parcial -o incluso total- y el deterioro de cuerpos de agua dulce como acuíferos subterráneos, ríos y lagos, entre otros. Entre otros ejemplos, cabe mencionar el Mar de Aral en el Asia Central, un mar de agua dulce que ha sido reducido a una fracción de su tamaño en los últimos 50 años, o el Río Jordán y el Mar Muerto en el Medio Oriente, que han sufrido un proceso de deterioro radical y potencialmente irreversible.

En América Latina, uno de los problemas más acuciantes es la contaminación de los cuerpos de agua, ya que la mayor parte de las aguas residuales como cloacas y efluentes industriales se devuelven al ambiente sin ningún tratamiento.

Por otra parte, la construcción de grandes represas y otras gigantescas obras hidráulicas, construidas con el objetivo expreso de garantizar la seguridad alimentaria y energética, han causado en forma frecuente, el desplazamiento forzado de millones de seres humanos, muchos de ellos, sin compensación alguna. Un informe de la Comisión Mundial de Represas en el año 2000 indicó que entre 40 y 80 millones de seres humanos fueron desplazados por la construcción de represas en el mundo durante los últimos 50-60 años.